El siguiente listado resume los principales problemas ambientales identificados, ordenados de mayor a menor importancia, de acuerdo con la frecuencia y coincidencia en su mención por parte de los especialistas consultados. Es de hacer notar que algunos de los problemas señalados trascienden la escala temporal del período bajo estudio, con lo cual se denota la dimensión de la variable ambiental y se destaca la consuetudinaria aparición de problemas un año tras otro, pues esta problemática es más el resultado de una serie de eventos, que la consecuencia de un problema aislado o aislable.
Principales Problemas Ambientales de Venezuela 2006
Contaminación atmosférica debido al crecimiento del parque automotor, el poco mantenimiento de los vehículos particulares y de transporte público y la deficiente supervisión de las autoridades municipales y nacionales.
Inapropiado manejo de los residuos sólidos domésticos (basura) y de los rellenos sanitarios existentes en el país. Especial preocupación existe por la creciente cantidad de vertederos de basura manejados sin criterios técnicos, sanitarios y ambientales.
Minería ilegal en el sur del país, particularmente en el Caura y politización de un tema eminentemente social y económico que debe erradicarse.
Persistencia de la Lenteja Acuática (Lemna sp.) en el Lago de Maracaibo y crecimiento incontrolado de la Bora o Lirio Blanco en varios embalses como La Mariposa.
Indefinición acerca de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio. Si bien fue aprobada por la Asamblea Nacional el año pasado, no ha entrado en vigencia, y se ha prorrogado varias veces su entrada en vigencia por nuevas reformas de manera extemporánea. Esto denota una inseguridad jurídica en el tema. La situación refleja además aparentes fallas de coordinación pues se aprobó una ley con la cual prácticamente ningún sector estaba conforme.
Contaminación sónica en las principales ciudades del país. El uso indiscriminado de sirenas y cornetas destacan entre las principales preocupaciones.
Crecimiento de los pasivos ambientales en diversas regiones del país, particularmente en los estados Bolívar y Zulia, sin la debida atención de las empresas públicas y privadas responsables de los mismos, y de las autoridades competentes.
Crecimiento del comercio informal, con las subsecuentes dificultades en el tránsito automotor urbano, el paso peatonal, la disposición y manejo de los residuos no peligrosos y la salud de los propios vendedores informales (buhoneros).
Proyectos agrícolas, turísticos y de infraestructura dentro de los Parques Nacionales, sin las debidas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs). Destaca la propuesta de infraestructura vial que atravesará (se habla tanto de un túnel y de una autopista) el Parque Nacional El Ávila, sin la debida consulta con INPARQUES como ente rector en materia de Parques Nacionales, las ONG y la ciudadanía en general y sin el conocimiento y divulgación de una EIA y Sociocultural que lo sustente.
Comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en las carreteras de San Felipe (Yaracuy), Barlovento (Miranda), Morón (Carabobo), Chichiriviche (Falcón), Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco (Amacuro) y Guayana (Bolívar). A esto se suma la limitada reinserción de las especies que han sido rescatadas, a su hábitat natural.
Propuestas de desarrollo de proyectos de infraestructura regionales, nacionales y transnacionales sin la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Presupuesto deficitario especialmente para el manejo de las áreas protegidas, particularmente aquellas con fines de protección como presupuestos para Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna Silvestre. Ello ha limitado su planificación, monitoreo y conservación. Destaca la actualización existente de Planes de Ordenamiento y Manejo para la mayoría de las áreas.
Deforestación para el desarrollo de proyectos de infraestructura y transporte, sin la correspondiente reforestación de sus zonas próximas. Destaca la aparente tala de 500 árboles en la Ciudad de Mérida para permitir la construcción del Trolebús.
Mal manejo de los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos a nivel nacional. Las empresas operadoras de recolección siguen sin contar con toda la infraestructura necesaria para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades ambientales no realizan la debida supervisión. Muchos residuos como baterías de celulares y de vehículos, por citar solo algunos, son tratados como residuos domésticos.
Pérdida de diversidad biológica debido a la deforestación, la fragmentación de hábitat y el sobre-aprovechamiento de animales y plantas silvestres, principalmente en zonas protectoras y/o de amortiguamiento de las ciudades.
Crecimiento del nivel del Lago de Valencia.
Degradación de algunas cuencas al norte del Río Orinoco, con especial énfasis en los ríos Limón, Catatumbo, Motatán, Tocuyo, Tuy, Guárico, Guapo, Unare, Manzanares y Neverí, entre otros.
Limitada participación de la ciudadanía en las consultas públicas promovidas por la Asamblea Nacional en la actualización de algunas normas técnicas para adecuarlas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Mal manejo de las inundaciones.
Contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por plaguicidas y/o agroquímicos en general, particularmente en la región de los Andes.
Cacería furtiva, particularmente en Los Llanos.
Pérdida de áreas de manglar por acción combinada de la sequía prolongada y el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas en su área de influencia.
Expansión energética-minera insostenible.
Debilitamiento del manejo integrado de las principales cuencas hidrográficas. Si bien el trabajo comunitario es fundamental, el enfoque técnico y científico, y el uso de sensores remotos para su gestión deben ser fortalecidos.
Retiro de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN), lo cual tiene incidencia en materia ambiental (en especial en el campo de la diversidad biológica) dado el trabajo y esfuerzos exitosos realizados en ese ámbito regional, y cuya continuación será incierta para Venezuela.
Carencia de un sistema eficiente, automatizado y confiable de alerta temprana, que monitoree el nivel de los ríos, la pluviosidad, la velocidad del viento y otras variables climatológicas importantes, para la prevención y atención de emergencias.
Débil continuidad de la transferencia de la prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento al Distrito Metropolitano, Municipios y/o mancomunidades.
Invasión y eliminación de algunos programas de conservación en hatos privados bajo el enfoque de “tierras ociosas”.
Degradación de algunos embalses y otros humedales como el Pao Cachinche, la Mariposa , Lagos de Valencia y Maracaibo, Laguna de Unare en Anzoátegui, Rio Manzanares en Anzoátegui y la Laguna Las Delicias en San Felix.
Ausencia de la Contraloría General de la República en la Gestión Ambiental venezolana, particularmente en cuanto al control de activos y pasivos del Estado en materia ambiental.
Débil actuación oficial frente a los ilícitos ambientales, especialmente por parte de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Poca coordinación entre los programas ambientales y de desarrollo, obviándose la estrecha relación existente entre conservación del ambiente y calidad de vida (desarrollo sustentable).
Rechazo oficial a los mecanismos de Desarrollo Limpio en el marco de la Convención de Cambios Climáticos.
Acceso limitado y restringido a la información ambiental pública, y en especial de las EIAs de los grandes y medianos proyectos de desarrollo
Falta de educación y conciencia ambiental además de desconocimiento de la normativa ambiental por parte de la ciudadanía, que limitan su actuación responsable.
Falta de reconocimiento a la gestión conservacionista de los particulares y las ONG, tanto a nivel nacional como municipal.
Aislamiento en los esfuerzos y poca coordinación interinstitucional, especialmente entre las ONG ambientales.
