TEGUCIGALPA.- Representantes del gobierno, organizaciones de derechos humanos y grupos vulnerables al VIH, iniciaron ayer la discusión para las reformas a las normas de atención y prevención a este mal, ya que las leyes no se ajustan a las exigencias para el control y tratamiento de esta enfermedad.
Representantes del gobierno, organizaciones de derechos humanos y grupos vulnerables al VIH discutieron las reformas a las normas para la atención a este mal.
Actualmente hay una prevalencia estimada de 0.68 por ciento de la población que padece esta enfermedad, eso significa que son más de 30,000 personas viviendo con ese mal. De estas 18,000 requieren de tratamientos antirretrovirales, pero solo 8,000 tienen acceso a los mismos.
En la socialización participaron el Comité de Acceso a Medicamentos Antirretrovirales, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y SIDA (Onusida), Secretaría de Salud y Trabajo, derechos humanos, grupos de pacientes y ONGs.
El director del Departamento Jurídico de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), Yaxkin Ferrera, luego de una socialización realizada en un hotel capitalino, manifestó que los afeados y el sistema de salud demandan nuevas normativas.
“Lo que estamos discutiendo acá es la temática para ver si es necesario aplicarle reformas a la ley o si se necesita una nueva para ordenar los estamentos jurídicos a los estándares internacionales”, expresó Ferrera.
Indicó que el VIH ha evolucionando con el tiempo y se requieren de cambios para la atención y prevención, porque desde el año 1999, año que fue creada la ley que regula y confiere derechos y deberes a los enfermos así como cumplimientos del Estado, se ha quedado limitada.
Ferrera dijo que entre otras de las normativas, es aplicar sanciones coercitivas para las empresas que discriminan a los empleados que portan el virus, “lo que hacen algunas empresas es aplicarles el examen de VIH a las personas que solicitan un empleo”.
Otra de las falencias que tiene la actual ley y que limita a los que padecen el mal, están el poco acceso a los antirretrovirales, una atención integral de las familias que sufren la enfermedad, atención a niños huérfanos.
También la protección para grupos vulnerables como la diversidad sexual, población afrodescendiente y una mayor campaña educativa y métodos preventivos porque cada vez se sienten desprotegidos.
Por su parte, el coordinador de Onusida, Alberto Estella, manifestó que el país debe tener leyes actualizadas contra la epidemia que es una temática mundial desde hace 30 años y el virus ha infectado a 60 millones de personas y cobra la vida de 25 millones de ellos.
“En 30 años hemos aprendido de que funciona y que no en materia de respuestas a la epidemia y la ley es un instrumento que pretende potenciar las capacidades del Estado en respuestas multisectoriales basadas en derechos humanos”, explicó Estella.
Indicó que cuando la Ley del VIH fue creada en Honduras la epidemia era una situación, pero ahora no se ajusta a la realidad y se necesitan cambios para el respeto, disfrute y derecho de las personas que la sufren. “Sabemos que el Presidente de la República en el 2011 se comprometió con el resto del mundo a dar una repuesta eficaz y acceso a las terapias antirretrovirales que eliminan la trasmisión vertical del VIH de la mujer embarazada al niño”. (ECA)
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